Un juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York impuso una pena de cuatro años de prisión a Javier Aguilar, exrepresentante de Vitol, tras su condena por participar en redes de sobornos dirigidas a funcionarios en Ecuador y México. En el centro del caso está un contrato de preventa de fuel oil por USD 300 millones firmado en 2016 con Petroecuador, para el que, según la acusación, se utilizaron empresas fachada para ocultar la participación de Vitol.

Resumen del veredicto y la acusación

El jurado declaró culpable a Aguilar en febrero de 2024 y, tras un proceso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, se fijó la pena de cuatro años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó pruebas que, según la acusación, muestran que Aguilar pagó más de USD 1 millón en sobornos a funcionarios de Petroecuador y de la mexicana Pemex.

La Fiscalía sostiene que, ante sanciones que impedían la participación directa de Vitol en Ecuador, la compañía utilizaría a Oman Trading International como pantalla para formalizar el acuerdo de 2016.

Pruebas y testimonios clave

Las evidencias presentadas en el juicio incluyeron correos electrónicos, contratos y documentación financiera que, según los fiscales, muestran el flujo de fondos hacia intermediarios y funcionarios. Testigos que colaboraron con la investigación dieron detalles sobre los pagos y la logística del esquema.

Entre quienes testificaron estuvieron Antonio Peré Ycaza, identificado como intermediario, y Nilsen Arias, entonces gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Ambos aceptaron haber recibido dinero en relación con la adjudicación del contrato y están cooperando con la justicia estadounidense mientras enfrentan procesos por lavado de activos en ese país. Hasta ahora, ninguno de los dos registra sentencia definitiva.

En 2024, el medio PRIMICIAS publicó el testimonio de Antonio Peré, en el que él admitió el presunto cobro de USD 13,5 millones en sobornos. En esos errores de conducta, Peré detalló cómo parte de esos recursos se usaron para adquirir bienes en el exterior, entre ellos una mansión en Portugal valorada en aproximadamente 2,7 millones de euros, un Porsche por cerca de 152.000 euros y un reloj Patek Philippe por 70.000 euros.

Mecanismos para ocultar los pagos

Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía, Aguilar y sus presuntos cómplices recurrieron a una red de contratos ficticios, facturas falsas y empresas offshore registradas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán para lavar y ocultar los recursos. También habrían usado cuentas de correo electrónico con seudónimos para coordinar transferencias y documentar la operación sin trazar vínculos directos con Vitol.

El subdirector Heith Janke, de la División Penal del FBI, señaló en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que Aguilar empleó prácticas como sobornos y falsificación de documentos, y que para sus actividades se valió de instituciones financieras estadounidenses.

Alcance internacional del caso

El expediente revela un esquema con ramificaciones en varios países: pagos y beneficiarios en Ecuador y México, empresas establecidas en jurisdicciones offshore y compras de bienes en Europa. La investigación internacional y la vinculación de instituciones estadounidenses para procesar el caso muestran la dimensión transnacional del presunto delito.

Para Ecuador, el caso reaviva el escrutinio sobre contratos petroleros de la década pasada y la forma en que empresas multinacionales habrían eludido restricciones mediante estructuras opacas.

Estado procesal de los involucrados y próximos pasos

  • Javier Aguilar: declarado culpable en febrero de 2024; sentenciado ahora a cuatro años de prisión por la Corte del Distrito Este de Nueva York. La defensa había utilizado diversas estrategias para postergar la imposición de la pena.
  • Antonio Peré Ycaza y Nilsen Arias: declararon y colaboran con la Fiscalía estadounidense; ambos enfrentan procesos por lavado de activos en Estados Unidos, sin sentencia definitiva hasta la fecha.

La resolución en Nueva York establece la condena a Aguilar, pero el caso mantiene elementos abiertos: posibles apelaciones, investigaciones sobre otros participantes y el seguimiento de procesos penales relacionados en distintos países.

Impacto en la percepción pública y la administración petrolera

Aunque la sentencia recae en una jurisdicción extranjera, el daño reputacional alcanza a Petroecuador y a la gestión de contratos en años anteriores. El expediente y las confesiones de colaboradores que admiten el cobro de montos millonarios alimentan cuestionamientos sobre controles internos, transparencia y supervisión de adjudicaciones en el sector público.

Expertos en cumplimiento y anticorrupción consultados por la Fiscalía durante el juicio señalaron que los mecanismos habituales para detectar este tipo de fraude —auditorías internas, controles de contratación y trazabilidad de pagos— pueden ser insuficientes frente a estructuras de empresas pantalla y transferencias internacionales diseñadas para ocultar el origen real de los fondos.

Qué se confirma y qué sigue bajo investigación

Confirmado:

  • La condena de Javier Aguilar por un jurado en febrero de 2024 y la posterior pena de cuatro años de prisión impuesta por la Corte del Distrito Este de Nueva York.
  • La existencia del contrato de preventa de fuel oil por USD 300 millones firmado en 2016 con Petroecuador.
  • Pagos que la Fiscalía atribuye a sobornos por más de USD 1 millón a funcionarios en Ecuador y México.
  • El uso de Oman Trading International como empresa fachada, y la existencia de empresas offshore en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.

Bajo investigación o sin resolución definitiva:

  • Las sentencias y responsabilidades penales finales de Antonio Peré y Nilsen Arias en los procesos abiertos en Estados Unidos.
  • Posibles implicaciones adicionales para otras personas o entidades que la Fiscalía pueda identificar tras el rastreo de flujos financieros.

Cierre

La sentencia contra Javier Aguilar es una pieza más en una investigación más amplia sobre prácticas corruptas vinculadas a adjudicaciones petroleras. Aunque la condena se dictó en Estados Unidos, las ramificaciones continúan en Ecuador y otros países implicados; queda por ver si nuevas pruebas o procesos arrojan responsabilidades penales adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Quién es Javier Aguilar y cuál fue su rol?

Javier Aguilar fue representante de Vitol implicado en las negociaciones del contrato de preventa de fuel oil con Petroecuador en 2016. Fue declarado culpable por pagar sobornos a funcionarios para asegurar adjudicaciones.

¿Qué monto y a quién se acusa que pagó en sobornos?

La Fiscalía afirma que Aguilar pagó más de USD 1 millón en sobornos a funcionarios de Petroecuador y Pemex, canalizados mediante intermediarios y empresas pantalla.

Qué papel jugaron Antonio Peré y Nilsen Arias?

Antonio Peré Ycaza actuó como intermediario y Nilsen Arias ocupó un cargo interno en Petroecuador. Ambos testificaron en el juicio y colaboran con la justicia estadounidense; además, enfrentan procesos por lavado de activos en Estados Unidos.

Por qué se usó Oman Trading International?

Según la acusación, Oman Trading International funcionó como empresa fachada para ocultar la participación de Vitol en el contrato, dado que la firma tenía restricciones o sanciones que impedían su participación directa.

Qué evidencia presentó la Fiscalía?

La acusación incluyó correos electrónicos, contratos, documentación financiera, facturas y registros de empresas offshore que, según la Fiscalía, prueban el flujo de pagos ilícitos y la estrategia de ocultamiento.

Pronósticos y Cuotas

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